Edad de imputabilidad: la Iglesia reclamó un debate centrado en educar y prevenir
Mediante cartas a legisladores, la Conferencia Episcopal Argentina llamó a trabajar para construir “un entramado social que cuide, incluya y repare”.
Mientras el Gobierno nacional busca avanzar en el Congreso con un nuevo proyecto que modifique el Régimen Penal Juvenil y baje la edad de imputabilidad de los menores, la Conferencia Episcopal Argentina envió una carta a los legisladores nacionales en la que reclama “un debate serio y responsable” centrado en “el cuidado integral, la prevención, la educación y la inclusión social”.
El texto elaborado por las comisiones episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina contiene datos estadísticos y apela a la experiencia concreta del trabajo territorial que realiza la Iglesia junto a niños, niñas y adolescentes en contextos de mayor vulnerabilidad. Puede leerse completo aquí.
En la semana previa,la Conferencia Episcopal Argentina había dado a conocer un texto firmado su presidente, Marcelo Colombo, los vicepresidentes, Angel Rossi y Cesar Fernández, y el secretario General Raúl Pizarro, en el que, evocando la memoria de san Juan Bosco, advirtió que “una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”.
Bajo el título “Para los jóvenes, más educación, más comunidad”, las autoridades episcopales plantearon que el desafío que surge ante esta nueva instancia del debate es ”pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho”.
MENSAJE AL CONGRESO
En la misiva a los legisladores, la Iglesia dejó en claro su preocupación en torno a que el tema se plantee en el marco de un clima político en el que “predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático«, lo que “impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes, especialmente en los sectores más vulnerables”.
“El delito existe, y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras que sólo sirven para validar posiciones políticas ya tomadas. En lugar de promover un debate abierto, plural y democrático que permita construir una reforma sostenible y justa del régimen penal juvenil, observamos con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación”, continúa la comunicación que ya recibieron diputados y senadores.
Finalmente, la Conferencia Episcopal apela a los miembros del Congreso y plantea que la realidad pone por delante una disyuntiva: “o profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desafío de construir un entramado social que cuide, incluya y repare. Un entramado que actúe sobre las causas estructurales de la violencia desde los vínculos más cotidianos: en los barrios, en las escuelas, en las plazas, en cada rincón donde se juega la vida y el futuro de nuestros hijos”.
