Los vetos de Milei: un repaso por las leyes bloqueadas desde su asunción
Con el rechazo al reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, se profundiza el enfrentamiento del Ejecutivo con el Congreso.
Desde que asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei usó el veto presidencial como una herramienta recurrente para frenar iniciativas aprobadas por el Congreso con la excusa de proteger el equilibrio fiscal.
En menos de dos años, el presidente vetó nueve leyes. Estas son las iniciativas que el Ejecutivo rechazó desde su asunción.
Ley de Movilidad Jubilatoria (Septiembre de 2024)
En septiembre de 2024, Milei vetó una ley que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso con el objetivo de mejorar los haberes previsionales.
La norma proponía un aumento adicional del 8,1% a los haberes de abril (sumado al 12,5% otorgado por el Ejecutivo) para alcanzar el 20,6% de inflación de enero de 2024, además de garantizar que el haber mínimo no fuera inferior a 1,09 canastas básicas por adulto ($321.600 en junio de 2024).
También incluía un componente salarial en la fórmula de movilidad, otorgando a los jubilados el 50% de la diferencia entre la inflación y el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) cada semestre.
El veto, respaldado por 87 diputados en octubre de 2024, fue sostenido en la Cámara de Diputados, evitando que el Congreso alcanzara los dos tercios necesarios para insistir.
Ley de Financiamiento Universitario (Octubre de 2024)
En octubre de 2024, Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que declaraba la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para 2024 y establecía la actualización de partidas y salarios docentes y no docentes según la inflación acumulada desde diciembre de 2023 (211,4% en 2023, según INDEC).
La iniciativa, impulsada tras masivas protestas estudiantiles y docentes, buscaba recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
El veto fue confirmado por la Cámara de Diputados, que no logró los dos tercios para insistir, debido al respaldo de una alianza entre La Libertad Avanza, el PRO y sectores dialoguistas.
El costo fiscal estimado era del 0,14% del PBI, según fuentes oficiales, pero Milei lo justificó como una amenaza al equilibrio fiscal.
Ley de Emergencia y Asistencia para Bahía Blanca (Marzo de 2025)
A través del Decreto 424/2025, Milei vetó una ley que destinaba fondos especiales de $200.000 millones para la reconstrucción de Bahía Blanca y Coronel Rosales tras el temporal devastador el 7 de marzo de 2025.
Aprobada por ambas cámaras, la norma buscaba financiar la recuperación de infraestructura y subsidios para los afectados. El Ejecutivo argumentó que el proyecto carecía de fuentes de financiamiento claras y ponía en riesgo el equilibrio fiscal.
Este veto no fue tratado posteriormente en el Congreso, según los datos disponibles, lo que evitó un intento de insistencia legislativa.
Ley de Aumento a Jubilaciones (Agosto de 2025)
El 10 de julio de 2025, el Senado sancionó una ley que otorgaba un aumento del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones (excepto regímenes especiales) y elevaba el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualizaciones por inflación. Milei vetó esta norma el 4 de agosto de 2025 mediante el Decreto 534/2025, argumentando un impacto fiscal de 0,32% del PBI en 2025 y 0,78% anualizado.
La Cámara de Diputados, en una sesión el 20 de agosto, no logró los dos tercios necesarios (160 votos afirmativos frente a 83 negativos y 6 abstenciones) para rechazar el veto, consolidando su blindaje gracias al apoyo de La Libertad Avanza, el PRO y legisladores dialoguistas.
Ley de Moratoria Previsional (Agosto de 2025)
También vetada el 4 de agosto de 2025 (Decreto 534/2025), la ley que extendía por dos años la moratoria previsional, vigente hasta marzo de 2025, que permitía a personas en edad jubilatoria sin 30 años de aportes regularizar su situación.
Sancionada originalmente en 2023 bajo el gobierno de Alberto Fernández, la norma beneficiaría a unas 220.000 personas, con un costo fiscal estimado del 0,08% del PBI (Oficina de Presupuesto del Congreso). En su lugar, el Ejecutivo promovió la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima.
Este veto no fue tratado en la sesión del 20 de agosto en Diputados, dejando su destino incierto.
Ley de Emergencia en Discapacidad (Agosto de 2025)
La tercera ley vetada el 4 de agosto de 2025 (Decreto 534/2025) declaraba la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, asegurando fondos para prestaciones, actualizando aranceles según el IPC y recomponiendo pensiones no contributivas (en junio de 2025, $213.286,50).
Con un impacto fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI, la norma buscaba revertir recortes en el sector. A diferencia de otros casos, el Congreso insistió: el 20 de agosto, Diputados rechazó el veto con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, y el 4 de septiembre, el Senado ratificó la ley con 63 votos a favor y 7 en contra, logrando los dos tercios en ambas cámaras.
Con esta votación, la primera en 22 años, se reactivó la norma, marcando una derrota significativa para Milei en un contexto de creciente tensión política y un escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Ley de Financiamiento Universitario (Septiembre de 2025)
El 10 de septiembre de 2025, Milei vetó por segunda vez una Ley de Financiamiento Universitario (Decreto 647/2025), aprobada el 21 de agosto con 158 votos en Diputados y 58 en el Senado (superando los dos tercios).
La norma actualizaba las partidas presupuestarias por la inflación acumulada de 2023-2024, ordenaba paritarias para recomponer salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 (ajustados mensualmente por IPC), y destinaba fondos a infraestructura, becas y actividades académicas.
El Ejecutivo argumentó que el costo, estimado en más de un billón de pesos para 2025, ponía en riesgo el superávit fiscal y no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige fuentes de financiamiento claras. La oposición y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), planean una sesión especial el 17 de septiembre en Diputados y el 18 en el Senado para insistir, con una marcha federal universitaria convocada para la misma semana.
Este viernes se realizará un paro nacional y una movilización en rechazo al veto considerado un “golpe a la educación pública”.
Ley de Emergencia en Pediatría (Septiembre de 2025)
El mismo 10 de septiembre, Milei vetó la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica (Decreto 651/2025), sancionada el 22 de agosto con 62 votos a favor y 8 en contra en el Senado.
La norma declaraba la emergencia por un año, actualizando salarios de personal asistencial y no asistencial al nivel de noviembre de 2023 (costo de $65.573 millones entre julio y diciembre, $133.433 millones anualizados, según OPC), asignando insumos críticos y eximiendo del impuesto a las Ganancias a trabajadores de salud en actividades esenciales. Enfocada en el Hospital Garrahan, reconocido como referencia nacional, buscaba frenar el éxodo de profesionales por bajos salarios.
El Ejecutivo justificó el veto por “distorsiones salariales” y su impacto en la coparticipación federal, argumentando que los $115.030 millones de exención impositiva y el gasto adicional comprometían el equilibrio fiscal.
La oposición, junto a trabajadores del Garrahan, planea movilizaciones y sesiones el 17 y 18 de septiembre para insistir.
Ley de Reparto Automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) (Septiembre de 2025)
El Gobierno nacional envió este jueves por la noche al Senado la comunicación del veto a la ley que establece el reparto automático de los ATN, una iniciativa que contó con el apoyo de todos los distritos.
El veto lleva las firmas del Presidente, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dos funcionarios claves para la negociación con las provincias, y entre las razones que esgrime el Ejecutivo para rechazar la iniciativa impulsada por los mandatarios provinciales, destaca que el proyecto establecía un reparto de los recursos a través de un régimen coparticipable que “altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional”.
