La democracia está en deuda con las personas con discapacidad
Más allá de la declaración de emergencia, es justo y necesario avanzar en la elaboración de una Ley Marco e Integral sobre sus derechos.
El gobierno nacional empujó a las personas con discapacidad y a sus familias a una crisis profunda y dolorosa. Se les aplicó la motosierra como si con eso resolvieran algún problema presupuestario y eso no es cierto. No sólo es falso, también es cruel y significa un retroceso de más de un siglo en el abordaje de la realidad de las personas con discapacidad. Reparar eso es -en buena medida- un camino que empezamos a recorrer en la Cámara de Diputados con la media sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ahora falta que el Senado lo apruebe.
Poco después de que asumió este gobierno se puso en marcha una política que fue privando a las personas con discapacidad del acceso a servicios de salud, a medicamentos y a los servicios de traslados que necesitan para poder tener una vida digna. También restringieron el acceso a las pensiones por discapacidad y le desordenaron la vida a quienes ya las tenían muy complicada. Sólo causaron incertidumbre y angustia en muchas familias.
El proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad, que obtuvo 150 afirmativos en la Cámara de Diputados, propone retrotraer el ajuste del gobierno a diciembre de 2023 -previo al 120% de devaluación-, actualizar el nomenclador ajustado por inflación, descontando lo que sí se ha aumentado y a partir de ahí crear un nuevo nomenclador. Es una forma de reconstruir el sistema de apoyo a las personas con discapacidad.
Esta ley busca reorganizar las pensiones y dejar atrás el maltrato al que sometieron a las personas con discapacidad.
Esta ley, que trabajamos en conjunto con otras y otros diputados, busca reorganizar las pensiones y dejar atrás el maltrato al que sometieron a las personas con discapacidad. Es una forma de reordenar, acomodar y mejorar la situación de las personas que ya tienen o que pueden acceder a una pensión por discapacidad.
Pero más allá de la declaración de emergencia, que es una necesidad inmediata de las personas con discapacidad y sus familias, es justo y necesario avanzar en la elaboración de una Ley Marco e Integral sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa es una de las deudas más críticas que tiene nuestra democracia.
Este proyecto de ley marco propone una transformación profunda del sistema de prestaciones mediante la creación de la Asignación Universal por Discapacidad, para salir del paradigma de la pensión por invalidez. Además, genera un mecanismo que integra las prestaciones de salud, educación y trabajo. Es decir, no se trata sólo de garantizar medicamentos y prestaciones básicas de salud, sino también de brindar oportunidades educativas y de inserción en el mundo del trabajo para las personas con discapacidad.
La ley vigente fue sancionada en 1981 por la última dictadura. En 2008, el Estado adhirió a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, tomando el compromiso de sancionar una nueva ley, que aún está pendiente. Por eso, junto a otros diputados y diputadas elaboramos una propuesta de base que incorpora la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad, el fomento del empleo en el sector público, privado y cooperativo, la promoción de la educación inclusiva y la creación de la figura de un asistente personal.
