El Gobierno de Milei atenta contra la actividad librera

La derogación de la Ley 25.542 que impulsa el oficialismo sería un golpe mortal para las editoriales y librerías argentinas. El rechazo del sector es unánime.

El Ejecutivo nacional, a través de proyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca derogar la Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, que establece el precio uniforme de venta al público para los libros en todo el territorio argentino.

Esta norma, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera, obliga a editores e importadores a fijar un precio único para cada título, que debe ser respetado por todas las librerías, cadenas y plataformas de venta. Su objetivo principal es evitar la competencia desleal y proteger la diversidad de puntos de venta, especialmente las librerías independientes y de barrio.

El oficialismo argumenta que la derogación fomentaría la competencia, permitiría descuentos y liquidaciones de stock, y podría resultar en precios más bajos para los lectores. Sin embargo, el sector editorial en su conjunto advierte que el resultado sería el opuesto: una mayor concentración del mercado en manos de grandes cadenas y plataformas, con riesgo de cierre masivo de librerías independientes.

Rechazo unánime del sector

La iniciativa generó un rechazo inmediato y amplio por parte de cámaras, entidades y actores del mundo del libro. La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, emitió un comunicado a través de su Consejo de Administración en el que expresó “su más profunda preocupación y su firme rechazo” al proyecto.

“Esta normativa no constituye un simple mecanismo comercial: es la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón de nuestro territorio”, expresó la entidad a través de un comunicado.

“La desregulación del precio del libro no genera mayor competitividad; por el contrario, desprotege a los eslabones más débiles de la cadena -libreros independientes, editoriales pequeñas y medianas, autores- y favorece la concentración”, alertaron.

La entidad se declaró “en estado de alerta” y convocó “a todo el ecosistema del libro, a los lectores y a la sociedad en su conjunto a alzar la voz en defensa de nuestras librerías”, recordando que “la cultura es un derecho fundamental”.

“La desregulación del precio del libro no genera mayor competitividad; por el contrario, desprotege a los eslabones más débiles de la cadena» Fundación El Libro

La Cámara Argentina del Libro (CAL), que nuclea a unas 500 editoriales pequeñas y medianas, también rechazó el proyecto y advirtió que la derogación pondría en riesgo la bibliodiversidad y la supervivencia de librerías independientes.

La CAL recordó que desde la vigencia de la ley se triplicó la cantidad de novedades editoriales, se duplicó el número de editoriales y se consolidó una red de alrededor de 1.500 librerías.

Posición de editoriales cooperativas e independientes

Varias editoriales, entre ellas cooperativas o de perfil independiente, expresaron su rechazo con comunicados públicos. Patria Grande, editorial y librería cooperativa con más de 50 años de vida, difundió en sus redes un mensaje que expresa la preocupación y el rechazo a este ataque del Gobierno nacional contra la actividad librera: «Si lo logran, las grandes corporaciones y los hipermercados van a usar los títulos comerciales para reventar los precios a pérdida. Suena a beneficio, pero es una trampa mortal: las librerías independientes y de barrio no podemos competir contra esos márgenes y nos veremos obligadas a cerrar.

Editorial Corregidor señaló: “La Ley 25.542 protege la actividad librera en la Argentina mediante el precio uniforme de venta al público de los libros. Gracias a ella, librerías independientes, editoriales y lectores forman parte de un ecosistema cultural diverso y federal”.

Editorial Homo Sapiens afirmó que “estas leyes regulan y protegen todo el ecosistema cultural y no le generan ningún gasto al Estado”, por lo que su eliminación “no es un ahorro”, sino “un ataque directo a nuestra identidad y termina generando un monopolio y desastre cultural”.

«Las grandes corporaciones y los hipermercados van a usar los títulos comerciales para reventar los precios a pérdida. Suena a beneficio, pero es una trampa mortal» Editora Patria Grande

Otras voces del sector, como la Red de Editoriales de Universidades Nacionales (REUN) defendieron la ley como herramienta para preservar la bibliodiversidad, el federalismo y el acceso equitativo a la lectura en todo el país.

Sistema de precio fijo del libro en otros países

El sector del libro se muestra unido en su defensa de la norma, que cuenta con antecedentes similares en países como Francia, Alemania y España.

En España, la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas establece el precio fijo del libro: el editor fija el Precio de Venta al Público (PVP), que debe ser respetado por todos los canales de venta. Solo se permiten descuentos máximos del 5 % de forma general y hasta el 10 % en ferias del libro o el Día del Libro.

Este sistema, vigente desde 1975 con reformas posteriores, goza de amplio consenso (incluso entre grandes cadenas) y ha permitido mantener una red sólida de librerías independientes, que concentran una parte importante de las ventas y favorecen la bibliodiversidad.

En Francia, la emblemática Ley Lang de 1981 impone el precio único del libro con descuentos limitados (generalmente 5 %). Fue creada precisamente para proteger a las librerías independientes frente a las grandes superficies y cadenas.

Tras un breve período de derogación que provocó el cierre de numerosas librerías, el país volvió a implementar el sistema con mayor fuerza. Hoy es uno de los modelos más citados internacionalmente como exitoso para preservar la diversidad editorial y el tejido cultural de librerías de proximidad.

En México, la Ley del Precio Único del Libro (2012) establece que el editor fija el precio de venta al público, el cual debe respetarse en todo el territorio. El objetivo es proteger a las librerías independientes y evitar prácticas de dumping por parte de grandes distribuidores o plataformas.

Aunque el mercado mexicano tiene particularidades propias, el sistema busca los mismos fines que en Europa: tratar al libro como bien cultural y no solo como mercancía.

Estos tres países comparten la convicción de que el precio fijo ayuda a mantener un ecosistema editorial plural y federal, protegiendo especialmente a los eslabones más débiles de la cadena.