Alerta por el desmantelamiento en políticas públicas contra la trata
Mientras la trata de personas está en alza a nivel mundial, en la Argentina se observa «un preocupante desmantelamiento de políticas públicas» en la materia, producto de la «motosierra».
Mientras la trata de personas está en alza a nivel mundial, con redes criminales que expanden su alcance a internet y explotan cada vez más a mujeres, niños y colectivos vulnerables, en la Argentina se observa «un preocupante desmantelamiento de políticas públicas para combatir este delito», según denuncia un informe de la organización La Alameda, difundido en la semana en que se conmemora el Día Mundial contra la Trata.
La famosa «motosierra» del gobierno de Javier Milei dejó un panorama de fragmentación y retroceso: El informe asume que se desmantelaron políticas publicas exitosas y reconocidas internacionalmente, se dejaron sin efecto planes nacionales, se recortó el presupuesto en áreas clave (género, niñez, trata), y se desarticuló la red interinstitucional que garantizaba respuestas rápidas de modo transversal y federal. Como consecuencia, «las víctimas quedan solas y las organizaciones criminales ganan terreno, innovando más rápido que la reacción estatal».
Datos oficiales muestran que durante todo 2024 se rescataron 1.372 víctimas de trata en Argentina; sin embargo, de ese total solo 400 personas recibieron algún tipo de asistencia inmediata del Programa Nacional de Rescate, dice el informe. En la presentación, afirman además que la prueba de este desmantelamiento es «la trágica cifra de personas rescatadas que informa el mismo estado nacional: 150 víctimas en el primer trimestre de este año, cifra inédita aún comparándola con el período de aislamiento a consecuencia de la pandemia».
«Las víctimas quedan solas y las organizaciones criminales ganan terreno, innovando más rápido que la reacción estatal.»
Todos estos recortes implican un grave retroceso en la lucha contra este crimen. Para Gustavo Vera, referente y uno de los fundadores de la Alameda, «al desmantelar las mesas interinstitucionales que había en cada provincia se eliminan los controles cruzados y se corre el riesgo de la cooptación y corrupción policial o inspectiva por parte de las redes de trata». Además, «al no haber ayuda a las victimas, estas interpretan su ‘rescate’ como un acto de violencia donde desde el infierno las llevan a la nada para que al poco tiempo vuelvan peor al infierno», comentó a este sitio.
Esta problemática, refirió Vera, quiebra la confianza en que el Estado hará algo por las víctimas. «Al correr a la AFIP y la UIF de las investigaciones en las causas solo te quedás con el capataz del campo esclavista, o como el que regentea el prostíbulo o taller clandestino, pero dejás impune al que se beneficia económicamente, que reemplaza rápidamente un soldado por otro y continua con la red, ya que sus fondos mal habidos están intactos».
El informe publicado por La Alameda da cuenta de que el delito de trata de personas muestra un repunte sostenido en el período 2023-2024 a nivel mundial. Tras un breve descenso de reportes durante la etapa de confinamientos por COVID-19, la cantidad de víctimas detectadas globalmente aumentó un 25% en 2022 respecto de las cifras prepandemia. En 2023, se identificaron al menos 133.943 víctimas de trata en todo el mundo, un 16% más que el año anterior. Esta escalada numérica viene acompañada de una expansión geográfica del fenómeno, con redes criminales más sofisticadas operando a escala transnacional y aprovechando brechas de control estatales.
Según el más reciente informe global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 38% de las víctimas son menores de edad –principalmente niñas explotadas sexualmente y niños sometidos a trabajo forzoso o actividades criminales–, lo que subraya la creciente vulnerabilidad de la niñez.
Las modalidades de explotación siguen encabezadas por el trabajo forzoso (42% de las víctimas) y la explotación sexual (36%), de acuerdo con estimaciones de 2024 .
Las modalidades de explotación siguen encabezadas por el trabajo forzoso (42% de las víctimas) y la explotación sexual (36%), de acuerdo con estimaciones de 2024. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que al menos 28 millones de personas en el mundo están sometidas a trabajo forzoso , superando incluso la cifra global de víctimas de explotación sexual; sin embargo, muchas situaciones de servidumbre laboral permanecen ocultas por su “naturalización” y la connivencia o negligencia de actores estatales y empresariales.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el mundo, mayormente, donde se insiste en enfoques integrales y coordinados–, Argentina atraviesa un preocupante desmantelamiento de sus políticas de Estado contra la trata de personas. Durante casi 15 años (desde la sanción de la Ley 26.364 en 2008 y sus modificatorias), existió en el país un consenso sostenido –más allá de los cambios de gobierno– sobre la necesidad de combatir la trata y explotación de personas
Relata el informe que en febrero de 2024, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 195/2024) reorganizó la estructura institucional anti-trata, trasladando el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata (órganos creados por ley, antes coordinados por la Jefatura de Gabinete) a la órbita del Ministerio de Seguridad. Esta decisión hirió el espíritu interministerial con el que habían sido concebidos dichos organismos, que buscaban articular esfuerzos de múltiples áreas (Trabajo, Justicia, Desarrollo Social, Género, etc.) más allá de una visión meramente policial.
«De hecho, tras la disolución o absorción de ministerios a fines de 2023, el Comité Ejecutivo quedó reducido en su composición: de integrar cinco carteras (Seguridad, Trabajo, Justicia, Mujeres y Diversidad, Desarrollo Social) pasó a contar solo con representantes de Seguridad, Justicia y un nuevo Ministerio de “Capital Humano”, perdiendo así la perspectiva amplia que la problemática requiere».
Vera indicó que lo más urgente en este momento, para revertir o al menos frenar el daño causado, es «volver a generar un programa que dé inmediata asistencia económica a las victimas que son rescatadas que dure al menos un año , de manera tal que el o la sobreviviente de trata sepa que contará con recursos básicos para sobrevivir. Esto acompañado simultáneamente del acompañamiento terapéutico y de la asistencia jurídica gratuita. En el transcurso del año y hacia el final hay que incluirlo en un programa de capacitación en oficio remunerado que reemplaza el plan anterior y a mediados o fines del segundo año promover su reinserción laboral».
«En Catamarca, Chaco, Tierra del Fuego y Salta se plantea que aquella empresa que incorpore victimas de trata tendrá importantes exenciones impositivas durante un año.»
En ese sentido, la reinserción laboral «hay que trabajarla entre el Estado y los privados. Hay cuatro provincias que tienen leyes de inclusión laboral : Catamarca, Chaco, Tierra del Fuego y Salta en la que se plantea que aquella empresa que incorpore victimas de trata (resguardando confidencialidad) tendrá importantes exenciones impositivas durante un año», explicó. «Luego hay que masificar una campaña con el numero 145 , nacional, anónimo y gratuito, en estaciones aeropuertos, puertos, peajes, corredores viales y lugares de alto transito en centros urbanos para incentivar las denuncias de la población. Habiendo recursos para el día después, se incrementan exitosamente la cantidad de rescates, ya verificamos esto durante el periodo 2020-2023″, relató.
Finalmente, consideró importante restituir a la UIF y la AFIP «su rol como querellantes en todas las causas de trata por parte del Estado para seguir la ruta del dinero, decomisar los bienes de la mafia y ponerlos al servicio de un fondo de reparación de víctimas».
El informe señala también la falta de información pública y transparencia como «otro síntoma del abandono estatal en la materia». Afirma que la página web oficial del Comité Ejecutivo contra la Trata permanece desactualizada, que no se publicó el Plan Bienal 2025-2026 que por ley el Comité debe presentar y que la explicación de las autoridades es que el plan “está en proceso de aprobación”. Por otro lado, el Consejo Federal (ámbito que reúne a representantes de todas las provincias y CABA «no tiene agenda, ni reuniones, ni acta alguna», indican.
En el texto se considera como «la decisión más polémica» la adoptada en febrero último por la Dirección Nacional de Migraciones en su «Disposición 166/2025 que exime a las empresas de transporte internacional de pasajeros (ómnibus, aviones, barcos) de la obligación de verificar la documentación accesoria de menores de 18 años que salgan del país.
«En concreto, antes las aerolíneas y compañías debían chequear, además del DNI/pasaporte del menor, los permisos de viaje firmados por sus padres o tutores y certificados de residencia, para impedir que un niño sea sacado clandestinamente. Con la nueva norma, esas verificaciones quedan solo a cargo del personal de Migraciones en la frontera, y las empresas ya no deben solicitar autorizaciones de menores ni comprobar vínculos parentales», resume.
La trata es, según este informe, una de las tres actividades criminales más lucrativas del mundo (junto con el narcotráfico y el tráfico de armas).
La trata es, según este informe, una de las tres actividades criminales más lucrativas del mundo (junto con el narcotráfico y el tráfico de armas). «Se calcula que genera ganancias ilícitas superiores a 350.000 millones de dólares anuales.»
Afecta a millones.
— Naciones Unidas (@ONU_es) July 30, 2025
Y le puede pasar a cualquiera.
La trata de personas explota a mujeres, hombres, niñas y niños a través de engaños, violencia o amenazas.
Es esclavitud moderna.
En este Día contra la Trata de Personas infórmate y únete a la lucha con @UNODC : 🔗… pic.twitter.com/CivmbVooqL
La organización advierte que las nuevas tecnologías aplicadas a las redes sociales abrieron la puerta a lo que llaman la «trata 2.0», donde «las redes de trata han sabido migrar al entorno virtual, adaptando sus métodos de captación al uso masivo de redes sociales, aplicaciones de citas, servicios de mensajería y streaming».
El trabajo apela a palabras del Papa Francisco, para señalar que es hora de recuperar el compromiso por una sociedad “sin esclavos ni excluidos”, como reza el lema de quienes desde la trinchera siguen dando esta pelea. Para eso «hay que revertir la motosierra que afecta a los últimos de los últimos a quienes se les despoja de su vida, dignidad y libertad».
El informe completo puede leerse y descargarse del sitio de La Alameda.
